El representante estadounidense Maxwell Frost pide una investigación dirigida por el gobierno sobre la financiación federal a los centros “antiabortistas”.
Frost, demócrata de Florida Central, junto con el representante demócrata de Maryland Jamie Raskin, están pidiendo una investigación de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) sobre cómo los centros de crisis de embarazo gastan los fondos federales.
Ambos escribieron a la GAO luego de que un estudio realizado por Healthcare Management Associates, un grupo de investigación y consultoría, descubrió que los centros de crisis de embarazo recibieron $400 millones en fondos federales entre 2017 y 2023 con poca supervisión por parte de los reguladores.
“Nos preocupan ciertas organizaciones financiadas por el gobierno federal que afirman brindar atención de salud reproductiva a personas embarazadas, pero cuyo motivo final, a menudo logrado mediante el engaño, la desinformación y la intimidación, es impedir que las personas accedan a la atención del aborto”, escribieron los representantes en una carta al contralor general de la GAO.
Frost dijo que los centros socavan la salud pública al “hacerse pasar por clínicas médicas legítimas” y retrasan el acceso a “atención parental y de aborto médicamente legítima”.
Los Institutos Nacionales de Salud descubrieron que los centros dirigen sus materiales de marketing a los jóvenes, las personas de color y las personas de menor nivel socioeconómico (que también son sus asistentes más frecuentes).
Los centros de crisis de embarazo ofrecen muchos de los mismos servicios que otros centros de salud para mujeres, incluidas pruebas y atención de embarazo, pero a menudo están respaldados por organizaciones religiosas y tratan de disuadir a las pacientes de someterse a abortos.
Frost y Raskin se oponen especialmente a los centros respaldados por Heartbeat International, Care Net y el Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida, que no están sujetos a los requisitos de la HIPAA, incluida la protección de la privacidad de los pacientes. Las tres organizaciones están asociadas con un número significativo de centros de crisis de embarazo en los Estados Unidos.
Planned Parenthood se opone a los centros de crisis de embarazo, a menudo denominados “centros antiaborto”, afirmando que estos centros “faltan el respeto a la libertad de conciencia y al derecho de la mujer a seguir las enseñanzas de su fe” al impedir una orientación sin prejuicios.
Los representantes están pidiendo a la GAO que investigue la financiación federal total recibida por los centros desde 1996, de qué programas proviene la financiación, la justificación de la financiación de los centros y si la financiación se audita.
El estudio de HMA afirma que los fondos federales provienen de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus de 2020 y 2021; el Programa Federal de Planificación Familiar Título X; el Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes; la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); y otros programas, el más grande de ellos es, con diferencia, TANF.
“Los usos estatales de proporciones sustanciales de sus subvenciones en bloque de TANF son opacos, y puede ser difícil identificar las fuentes de asignaciones para [crisis pregnancy centers] en algunos estados”, afirma el informe.