(CNN Gachupin) – Este sábado se cumplen dos meses de las elecciones presidenciales en Venezuela. El Consejo Doméstico Electoral (CNE) dio como triunfador al presidente Nicolás Provecto, sin que hasta la época se conozcan los resultados detallados por centros y mesas de votación.
El país ha enfrentado desde entonces semanas de tensiones, denuncias de represión, detención de opositores, activistas y periodistas y llamados de la comunidad internacional a la transparencia que han resultado fallidos. Incluso, a principios de septiembre el líder disidente, Edmundo González, huyó de Venezuela y en una entrevista reconoció que se fue a España para afirmar su espontaneidad.
Aquí te dejamos un recuento de lo más importante que ha ocurrido en estos dos meses.
El 28 de julio, el CNE proclamó a Nicolás Provecto como triunfador de las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, un resultado que la concurso no reconoció y que líderes de América Latina calificaron como “difícil de creer”.
La coalición opositora, encabezada por María Corina Machado, rechazó la conquista de Provecto y afirmó que los registros de la concurso mostraban que el candidato disidente Edmundo González recibió el 70% de los votos contra el 30% de Provecto. “Ganamos y todo el mundo lo sabe”, dijo Machado.
El diario estadounidense The Washington Post dijo a inicios de agosto que accedió al 80% las actas electorales en Venezuela y que Edmundo González sería el triunfador de los comicios con un 66% de los votos mientras que Nicolás Provecto alcanzaría el 30%. CNN tuvo camino a la misma data a través de una fuente independiente y comprobó que los resultados en la mesa donde votó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, son los mismos publicados en la página web resultadosconvzla.com, del equipo de Machado.
Miles de personas han aparecido a las calles a protestar por los resultados electorales al día próximo de la selección y con pequeño intensidad en las semanas siguientes. Distintas manifestaciones convocadas por la concurso y el oficialismo se llevaron a conclusión en Caracas y otras partes del mundo. Un mes a posteriori de los comicios, el 28 de agosto, líderes opositores salieron a las calles acompañados de decenas de venezolanos para denunciar el fraude en los comicios y exigir que se declarara a González Urrutia como vencedor de las elecciones.
El oficialismo encima convocó a sus simpatizantes para apoyar a Nicolás Provecto y celebrar la “gran conquista popular”.
Luego de que Provecto fuera evidente triunfador sin pruebas, países de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos pidieron un cuenta transparente y la publicación de las actas de todas las mesas electorales para avalar resultados verificables.
En respuesta, el Gobierno de Nicolás Provecto expulsó al personal diplomático de Argentina, Pimiento, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay tras las acusaciones de fraude electoral en las elecciones.
Y no solo fueron los gobiernos de otros países. El Pelotón de Observación Electoral de la Ordenamiento de Estados Americanos (OEA) dijo que los resultados anunciados por el CNE no pueden ser reconocidos conveniente a la errata de transparencia y evidencia.
La OEA dijo que el CNE no proporcionó detalles de las papeletas procesadas cuando declaró triunfador a Provecto.
Por su parte, el Centro Carter –una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas– afirmó que la selección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática”.
En medio de la controversia, Provecto presentó el 31 de julio un procedimiento contencioso electoral frente a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Honestidad (TSJ) para que certificara los resultados. Al mes próximo, el 22 de agosto, el viejo tribunal convalidó los resultados ya dados, aunque no dio detalles de los resultados de su investigación.
Encima, decidió que todo el material electoral entregado por el CNE quede bajo resguardo del TSJ y ratificó la competencia de la Sala Electoral para certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
Al menos 25 personas murieron durante los días posteriores a la delirio electoral del 28 de julio, según cifras de la Fiscalía Caudillo de Venezuela. Del total de fallecidos, dos corresponden a funcionarios de la Cuidado Doméstico Bolivariana, dijo el fiscal genérico Tarek William Saab.
Las protestas en Caracas y otras ciudades venezolanas encima dejaron cientos de detenidos a causa de la represión por parte de las fuerzas de seguridad. La ordenamiento no estatal Foro Penal dijo que hasta el 22 de agosto se registraban al menos 1.674 coraje vinculados con la situación política del país, incluidos menores de permanencia y personas con discapacidad.
Las cifras oficiales reportaron más de 2.200 detenidos en relación con estas manifestaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un remisión el 28 de agosto que en Venezuela se registra una “gravoso crisis” que incluye el uso injusto de la fuerza, detenciones arbitrarias, persecución parlamento, restricción de la espontaneidad de expresión y obstáculos a la bordado de organizaciones de derechos humanos.
Esta semana, madres y padres de adolescentes detenidos protestaron frente a la sede principal de la Fiscalía, en el centro de Caracas, para exigir la escape de sus familiares. Foro Penal dijo que hasta el 26 de septiembre hay 68 adolescentes detenidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Dispar para la Privilegio de Expresión (RELE) condenaron lo que calificaron como “prácticas de violencia institucional” en Venezuela ocurridas en el ámbito de la crisis política que vive el país tras los comicios.
Incluso, el secretario genérico de la Ordenamiento de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a finales de julio que solicitaría a la Corte Penal Internacional (CPI) el arresto del presidente Nicolás Provecto por lo que calificó como el “baño de homicidio” durante las protestas en el país.
Otro de los factores que ha impresionado la crisis poselectoral en Venezuela es la persecución política contra líderes de la concurso.
El 30 de julio, el disidente Partido Voluntad Popular de Venezuela denunció el secuestro de su dirigente Freddy Superlano, que se llevó a conclusión en medio de las detenciones en todo el país por parte de autoridades venezolanas tras las protestas en contra de los resultados electorales. Sin mencionar los cargos que enfrenta, Saab afirmó que el dirigente se encuentra “en buen estado de sanidad” y “está cooperando”
Otras detenciones de stop perfil fueron la del exgobernador del estado Mérida y dirigente del partido Influencia Democrática (AD), Williams Dávila Barrios; el exdiputado disidente Américo De Grazia; y la coordinadora del Comando con Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, quien transmitió el momento en que las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza a su casa.
A principios de agosto, el Empleo Patente de Venezuela dijo que abrió una investigación penal contra González y Machado por “la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar angustiarse, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración”.
En tanto, Machado decidió acotar sus apariciones públicas en perspectiva de la persecución iniciada por el Gobierno de Venezuela, como lo reveló en un artículo en el The Wall Street que escribía, según dijo, desde la clandestinidad, “temiendo por su vida, su espontaneidad y la de sus compatriotas por las acciones de la dictadura de Nicolás Provecto”.
Encima, varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela reportaron abusos contra la prensa en la cobertura del controvertido proceso electoral, incluyendo acusaciones infundadas de terrorismo contra periodistas.
La crisis poselectoral en Venezuela tuvo un nuevo capítulo el pasado 20 de septiembre, cuando el presidente de la Asamblea Doméstico, Jorge Rodríguez, difundió audios que, según dijo, prueban que González Urrutia supuestamente aceptó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Horas más tarde, el abogado de González, José Vicente Haro, criticó la difusión de esas grabaciones y consideró que fueron captadas durante lo que describió como “una emboscada”. Las grabaciones, que no se escuchan con claridad, fueron presentadas como clips de video que incluían una foto de González, de una carta y subtítulos.
Edmundo González decidió huir de Venezuela y pedir hospicio político en España el 8 de septiembre. A través de X, el excandidato explicó que tomó la osadía porque pensó en su comunidad y en todas las familias venezolanas en “este momento de tanta tensión y angustia”.
“Tal osadía la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, expresó González.
El disidente reconoció que se fue a España para afirmar su espontaneidad a posteriori de obtener garantías de que su comunidad, su utilitario y su casa en Venezuela estarían a indemne, según una entrevista concedida a Reuters desde Madrid.
González contó que un constituyente de su equipo de seguridad le informó que las autoridades venezolanas se disponían a arrestarlo: “Vienen por ti” y le aconsejó dejar el país.
Cuando se cumplen dos meses de las elecciones, la tensión se mantiene mientras la comunidad internacional, especialmente los gobiernos de Brasil, México y Colombia, más cercanos a Provecto, intentan trabajan a contrarreloj para encontrar una posibilidad política. El nuevo período presidencial en Venezuela comienza el 10 de enero de 2025.