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Fracasa intento para detener reforma judicial luego que Suprema Corte de México desestima acciones

La Suprema Corte de Probidad de México desestimó el martes las acciones que buscaban detener la reforma contencioso luego de que no se lograron los votos requeridos de los ministros para determinar su inconstitucionalidad.

Sólo siete de los 11 ministros del stop tribunal respaldaron el tesina de sentencia que contemplaba la invalidez de parte de la reforma y suspendía la alternativa por voto popular de los jueces.

En un comunicado, la Corte señaló que si aceptablemente la mayoría de siete ministros se pronunció en atención de la procedencia de las acciones contra la reforma, “al no contarse con la votación calificada de ocho votos necesaria para invalidar diversos preceptos contemplados en el tesina de resolución, el pleno del Mayor Tribunal Constitucional desestimó los conceptos de invalidez”.

El stop tribunal aclaró que la valentía “no implica que se haga pronunciamiento alguno” sobre la validez de la reforma.

La reforma contencioso fue impugnada en presencia de la Corte por los partidos opositores Bono Franquista, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Unión Democrática de Coahuila, y los diputados del Congreso del estado central de Zacatecas que solicitaron la anulación de la iniciativa.

Ahora el gobierno y el Congreso tienen el camino autónomo para resistir delante la reforma que contempla una renovación del poder contencioso sin precedentes en la historia nuevo de México. Previo a su aplicación la iniciativa desató una crisis en presencia de las protestas y huelgas que protagonizaron miles de jueces y empleados de los tribunales.

Mientras avanzaba la sesión, a las ensanche del stop tribunal, en el centro de la haber mexicana, se concentraron miles de jueces, trabajadores de los tribunales, abogados y estudiantes. Entre banderas mexicanas y al aullido de “el poder contencioso está de pie, está de pie”, los manifestantes exigían la anulación de la reforma que, aseguran, amenaza la independencia de los poderes públicos y la democracia, lo que ha sido descartado por Sheinbaum.

“Estamos en resistor por la defensa del poder contencioso de la unión, pero sobre todo de la constitucionalidad”, expresó el mediador Getsemaní Hernández que reconoció que de no detenerse la reforma “se pierde la división de poderes, se pierde la democracia”.

Hernández rechazó uno de los argumentos esgrimido por Sheinbaum y congresistas oficialistas de que la amplia reestructuración del poder contencioso fue respaldada en las pasadas elecciones presidenciales del junio, e indicó que “la parentela no está enterada, no sabe” de la reforma. “Se están aprovechando de la ignorancia y del desconocimiento del pueblo”, agregó.

Vestido con una toga negra y levantando una bandera mexicana estaba entre la multitud René Hernández, un estudiante de derecho de 31 primaveras, quien consideró como “histórico para el país” el debate de la Corte y justificó su décimo en la protesta asegurando que “estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo nuestra soberanía y defendiendo nuestros ideales”.

La ambiciosa reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Taller —quien por primaveras mantuvo una pugna con la Corte y algunos magistrados que le echaron para detrás algunas de sus reformas— y ha contado con el irrestricto apoyo de su sucesora, Claudia Sheinbaum, desde que asumió el gobierno el mes pasado.

En el tesina sentencia que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara se planteaba la invalidación de la remoción masiva de los jueces y magistrados previo a su renovación, que se haría por voto popular en junio del 2025 y en el 2027. Este es uno de los puntos esencia de la reforma que aprobó el Congreso, de mayoría oficialista, a mediados de septiembre.

La propuesta sólo mantenía la alternativa de los ministros del stop tribunal y de los integrantes del Tribunal Disciplinario y la Sala Superior del Tribunal Electoral por voto popular, las medidas de parquedad, la agonía de los fideicomisos del poder contencioso, y la creación de un víscera de filial.

En su pulso con la Corte, Sheinbaum afirmó el lunes que no está dispuesta a negociar “lo que ha decidido el pueblo y ya es parte de la Constitución”, y planteó que los ministros “no pueden estar por encima de la voz popular”. La mandataria adelantó que de invalidar parte de la reforma ya cuenta con “un plan”, pero no ofreció detalles.

En esa misma linde, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó la semana pasada una reforma para fortificar los cambios hechos a la Carta Magna y evitar que las modificaciones puedan ser detenidas en los tribunales.

La sesión del stop tribunal se da a menos de una semana de que ocho ministros, entre ellos su presidenta Norma Piña, presentaran su renuncia en el Senado. Esta se hará efectiva en agosto del 2025, luego de que se elijan los nuevos integrantes del cuerpo.

Los ministros decidieron dimitir en cumplimiento de la reforma que prevé que los juzgadores que no vayan a competir en las elecciones de mediados del próximo año deben renunciar para no perder sus beneficios laborales.

La valentía no fue respaldada por sus colegas Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Ortiz, quienes se mantendrán en sus cargos.

Esquivel, Ortiz y Batres, quienes son identificadas como cercanas al gobierno, adelantaron hace unas semanas que participaran en los comicios judiciales.

La reforma del poder contencioso ha sido criticada por especialistas y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que las modificaciones pondrían en aventura la independencia contencioso y representaría un golpazo al sistema de contrapesos del Ejecutante en México.

Los críticos de la reforma aseguran que con la alternativa de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernador y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.

Pero López Taller y Sheinbaum han defendido la reforma asegurando que ayudará a levantar de corrupción el poder contencioso y consolidará una “auténtica democracia” en México al permitir que el pueblo elija a sus servidores públicos.