VARSOVIA (Reuters) – Los legisladores no deberían poder interrogar al jefe del banco central de Polonia, dictaminó el martes un alto tribunal, creando un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces que, según dice, son designados políticos de la administración anterior.
La coalición proeuropea del primer ministro Donald Tusk ha prometido restaurar los estándares democráticos que, según sus críticos, se erosionaron durante ocho años de gobierno nacionalista que terminó en diciembre.
Sin embargo, los aliados del gobierno anterior en posiciones de poder han ofrecido una resistencia que ha frenado los esfuerzos de la coalición, frustrado a sus partidarios y planteado interrogantes sobre si podrá alcanzar sus objetivos.
La comisión de responsabilidad constitucional del Parlamento debe comenzar a analizar una moción para llevar al gobernador del banco central, Adam Glapinski, ante un tribunal estatal en septiembre, y quiere interrogarlo.
Glapinski enfrenta acusaciones que incluyen falta de independencia respecto del gobierno anterior, romper reglas que prohíben al banco central financiar préstamos gubernamentales y engañar al Ministerio de Finanzas sobre los resultados financieros del banco.
Glapinski ha rechazado las acusaciones calificándolas de “infundadas”.
Los diputados de Ley y Justicia (PiS), que presentaron el caso ante el Tribunal Constitucional el martes, argumentan que el hecho de que la moción para llevar a Glapinski a los tribunales se tramite en una comisión parlamentaria -un órgano político- va en contra de las garantías constitucionales de independencia del banco central.
El Tribunal compartió su opinión.
“Someter el banco central al control parlamentario constituiría una violación de la independencia del banco central”, dijo la ponente Krystyna Pawlowicz, añadiendo que las mismas reglas deberían aplicarse a los jefes de la Oficina Superior de Auditoría o del Consejo de Radiodifusión.
El gobierno de Tusk sostiene que el propio Tribunal Constitucional se politizó bajo el PiS y necesita una reforma, y que los veredictos emitidos por el tribunal carecen de legitimidad. La oficina del primer ministro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
(Reporte de Anna Wlodarczak-Semczuk y Alan Charlish; editado por Giles Elgood)