El camino a seguir para los casos legales de Trump

Ahora que Donald Trump ha reses la Casa Blanca por segunda vez, el camino a continuar semeja despejado para ignorar las primordiales acusaciones penales federales que lo han perseguido a lo dilatado de primaveras y, al tiempo, retrasar potencialmente otros casos que encara en los tribunales estatales.

Al comprobar la presidencia, puede ajar los increíbles poderes del intérprete para supuestamente resguardar del cuenta cualquier conducta ilegal que consideraría una parte de sus deberes “oficiales”.

Cuando la Corte Suprema de E.U. consagró inmunidad para actos oficiales de ex presidentes y “al menos inmunidad presunta” para actos en el perímetro foráneo de deberes oficiales, la antiguo parte lo hizo en la centro del disconformodidad de los 3 jueces liberales.

Al deletrear su disidencia en voz suscripción desde el tribunal en el mes de julio, la árbitro Sonia Sotomayor se enfureció: “Irónico ¿no? El hombre al cargo de hacer cumplir las leyes ahora puede sencillamente violarlas”. Al redactar su disidencia, a la que se unió Jueces Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson, ella concluyó que el En delante, el tribunal había creado una “zona librado de ley en torno a del presidente, alterando el status quo que ha existido desde la fundación”.

Y ahora Trump retorna a esa “zona librado de ley”. Este es el estado de sus casos en curso y de qué modo seguramente procederán:

El caso del seis de enero

El procesamiento penal de Trump por la parte del fiscal singular Jack Smith por su supuesta conspiración para revocar los resultados de las elecciones de dos mil vigésimo el seis de enero de dos mil veintiuno seguramente sea el primero en la tabla de recortar, estimando que Trump ha prometido despedir a Smith en “dos segundos” y conminó con echarlo “fuera del país”.

Triunfo enfrenta 4 cargos por delitos graves en el caso de Washington, DC: conspiración para defraudar a los E.U., conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial y, por su supuesta intimidación a los votantes, conspiración contra los derechos.

Trump ha prometido a lo dilatado de más de un año que se desechará el caso federal de insurrección. Ha argumentado que el opción de Smith es inconstitucional y que ha sido procesado vengativamente. Lo más esencial es que ha argumentado que su conducta a lo dilatado de y ya ayer del ataque del seis de enero al Capitolio de E.U. fue oficial y, por ende, estaba protegida por inmunidad presidencial.

La Corte Suprema determinó en el mes de julio que los ex presidentes no pueden ser acusados ​​de ninguna conducta “oficial”, mas que cualquier cosa que quede alén del zona de influencia de los deberes “oficiales” es un distracción señorial. Esta resolución forzó a Smith a repasar la delación de Trump frente a la árbitro de distrito estadounidense Tanya Chutkan.

Chutkan firmó una orden el veintiocho de octubre que concedía a Trump hasta el veintiuno de noviembre para presentar una petición explicando por qué el caso debería desecharse por motivos de inmunidad presidencial, y el equipo de Smith no se opuso a esa petición. Ya ayer de su vencimiento, Chutkan estaba en situación de ponderar los dos razonamientos y animarse qué cambios se sostendrían o no conforme la sentencia de inmunidad. En el mes de octubre, los plazos del caso aún estaban fijados hasta proporcionadamente entrado diciembre. Se aguardaba extensamente que Trump apelase cualquier defecto que no anulara los cargos de todas formas, y ocasionalmente llevaría el tema de nuevo frente a la Corte Suprema, mas ahora todo eso semeja ser fundamentalmente controvertible.

Según la política del Ámbito de Conciencia establecida en la división de mil novecientos setenta, los presidentes en prueba no pueden ser acusados ​​porque interferiría con sus deberes.

Se dilación que el caso de interferencia electoral se abandone tan pronto como Trump acepte el cargo. Lo único que se interpone en el camino de ese resultado es un intento del árbitro de rehusar cualquier intento de destitución por la parte del Ámbito de Conciencia o, si Smith es despedido, un intento del Congreso de restituir al fiscal singular.

El caso de los documentos clasificados

Trump fue destacado de amontonar registros clasificados en su propiedad de Mar-a-Estanque en Florida una vez que dejó la Casa Blanca en dos mil veintiuno.

El caso de treinta y siete cargos fue desechado menos de un par de semanas tras el defecto de inmunidad de la Corte Suprema por el hecho de que la árbitro de distrito estadounidense Aileen Cannon determinó que el fiscal genérico Merrick Garland no tenía autoridad para nombrar a Smith para procesar a Trump. La resolución fue discutida y Smith apeló, citando décadas de precedentes legales contrarios. Los razonamientos orales para la apelación aún no se han programado.

Una vez que Trump acepte el cargo, solo precisa acogerse a los fiscales del Ámbito de Conciencia y estimularlos a que abandonen el caso. De forma extraordinario, ABC Noticiario informó Un poco ayer del día de las elecciones, Trump había planteado la idea de que Cannon sustituyera a Garland como fiscal genérico.

Casos estatales

Trump fue convicto en mayo por treinta y cuatro delitos graves de falsificación de registros comerciales una vez que un comisión en la ciudad de Nueva York determinase que había ilegalizado el intento de esconder pagos de pasta a la sino de cine para adultos Stormy Daniels inmediatamente ayer de las elecciones de dos mil dieciseis.

Trump tiene previsto dictar sentencia en este tema el veintiseis de noviembre frente al árbitro Juan Merchán.

Pero como los presidentes no tienen la autoridad para interferir o detener los procesamientos estatales, no hay mucho que Trump pueda hacer a fin de que el caso desaparezca a lo dilatado de su presidencia. No obstante, probablemente su sentencia se retrase indefinidamente, o cuando menos hasta dos mil veintinueve, cuando acabaría su orden.

Trump aún encara 8 cargos por delitos graves en el condado de Fulton, Georgia, por aparentemente conspirar criminalmente para revocar los resultados electorales del estado y participar en una conspiración de perjuicio con una serie de sus aliados y aconsejes que, conforme los fiscales estatales, estaban empeñados en fomentar listas electorales falsas para Trump. aun una vez que quedó claro que el demócrata Joe Biden había reses la dilema presidencial en Georgia.

El caso se desvió este año una vez que el coacusado de Trump, Michael Roman, adujera que la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tenía una relación romántica inadecuada con Nathan Wade, el ilustrado que Willis recurrió para dirigir la investigación sobre la presunta conspiración. Los razonamientos sobre si Willis habría de ser descalificado no empiezan en el Tribunal de Apelaciones de Georgia hasta diciembre, y una resolución podría tardar meses.

Con Willis manifiesto triunfador en su intento de reelección el martes de tinieblas, se dilación que la delación continúe congelada.

Poder del perdón

Ningún presidente en la historia de E.U. ha intentado nunca disculparse a sí mismo por ningún delito, federal o estatal. Y si proporcionadamente el Ámbito de Conciencia tiene orientaciones sobre los indultos presidenciales, las orientaciones son precisamente eso: orientaciones. No es una ley rigurosa que los presidentes no puedan disculparse a sí mismos. (No obstante, los presidentes no tienen la autoridad para interferir o detener los procesos estatales, por lo que Trump no puede disculparse a sí mismo por su condena penal en la ciudad de Nueva York).

Más proporcionadamente, solo hay un Ámbito de Conciencia. memorándum que se publicó en mil novecientos setenta y cuatro ayer que Richard Nixon renunciara a la presidencia en la centro del escándalo Watergate. El memorando establece que “según la regla esencial de que absolutamente nadie puede ser árbitro en su caso, el presidente no puede disculparse a sí mismo”. Si Trump quisiese reñir eso frente a la Corte Suprema, estaría en su derecho.

La Constitución no aborda si los presidentes pueden disculparse a sí mismos. Mas ciertos analistas jurídicos, incluidos aquellos con el Instituto Catónun conjunto de especialistas anarquista, han sugerido que podría ser un delito contestable que un presidente hiciese eso.

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